Una contribución justa.
Manfred Nolte
Algo gordo se cuece en la trastienda global cuando los lideres del G20 instruyen al FMI para que informe de “las opciones del sector financiero para realizar una contribución justa y sustancial a las cargas asociadas con las intervenciones gubernamentales para reparar el sistema bancario”, lo que anticipa nuevos impuestos para la profesión.
Ante esta amenaza se pone por los sujetos pasivos y sus patronales el preceptivo grito en el cielo, sintiéndose blanco de una demonización injustificable que ,de no corregirse, empujará irremediablemente a la economía real hacia nuevos periodos de abstinencia crediticia y con ello a perpetuar el estado reinante de paro y recesión.
No hay duda. La crisis global ha vuelto a situar a la fiscalidad en el centro de la agenda política. Los gobiernos que arrostran déficits masivos y deudas publicas gigantescas están a la caza y captura de nuevas fuentes de financiación. Tampoco son insensibles a las críticas sociales que reclaman que el sector financiero pague por sus excesos.
Según datos oficiales del FMI, el coste fiscal neto del rescate bancario en los países del G20 ha supuesto de media el 2,8% de su Producto Nacional. En los más afectados, el valor a fondo perdido representa del 4 al 6% del Producto. Los compromisos, incluyendo garantías y otras obligaciones contingentes han promediado el 25% del Producto durante la crisis. Adicionalmente, y como reflejo inducido de la recesión vigente, la deuda pública en los países desarrollados del G20 proyecta un incremento de 40 puntos porcentuales de PIB en el periodo 2008-2015.
Orillando, en consecuencia, cualquier tentación de desquite respecto de un sector que en grandes líneas y en amplias áreas geográficas no ha estado a la altura de su responsabilidad cardinal dentro de la economía, resulta obvio que los gobiernos, en el ejercicio de su obligación, traten de actuar en un doble frente: en el de la recuperación de lo debido en una primera instancia, y en el de la acción cautelar o preventiva después.
En su reciente respuesta al G20, el FMI, sugiere una carga ‘retroactiva’, aplicada sobre balances históricos aun cuando sirva para reducir y encarar los costes de futuros siniestros.
El informe examina varias formas de actuación fiscal frente al sector financiero, atendiendo a distintos propósitos.
La primera, denominada ‘Contribución para la estabilidad financiera’ está ligada a mecanismos de ‘resolución’ creíbles y efectivos. Un impuesto para financiar rescates futuros pagadero por todas las instituciones financieras a un tipo ajustado que refleje los niveles de riesgo individuales y sus contribuciones al riesgo sistémico, generalmente sobre los pasivos del balance.
‘Resolución’ significa, llegado el caso extremo, aparcar a los accionistas, reemplazar a los gestores y confirmar las perdidas de los acreedores no asegurados. Muchos países carecen de un mecanismo similar para reducir la incertidumbre ante los acreedores, liquidar con rapidez las deudas protegidas y descartar cualquier reducto de ‘riesgo moral’. Ninguna entidad sería demasiado grande para quebrar, pero ello requiere ir asignando una amplia dotación dineraria que haría innecesaria la intervención del estado.
Otra línea de contribución propuesta se abriría a través de una ‘Tasa sobre las actividades financieras’ –en inglés ‘FAT’- girada sobre la suma de beneficios y remuneraciones de las instituciones financieras. Ambos conceptos constituyen el granel del ‘valor añadido’ bancario. Un impuesto de este tipo sería una especie de IVA, en un sector caracterizado por la no sujeción a dicho impuesto.
Considerada en el informe, aunque controvertida, se sitúa una tercera “Tasa sobre las transacciones financieras”, que tiene la peculiaridad de representar la bandera de la sociedad civil en la batalla de la solidaridad con el sur.
Algunos Gobiernos ya han puesto manos a la obra con medidas y alcances desiguales. Suecia se adelantó hace algún tiempo. Reino Unido y Alemania han aprobado sendas propuestas que entrarán en vigor el 1 de enero próximo. Obama ha presentado su ‘Canon de responsabilidad sobre la Crisis Financiera’ que se halla en trámite parlamentario. La Unión Europea lo incluye como punto fijo de su agenda. Francia lo ratificará con los próximos presupuestos.
En España la medida puede no resultar imperiosa. Tenemos el Fondo de Garantía de Depósitos y en principio la restructuración del sector no parece que haya de costar demasiado al contribuyente. Algún antecedente, a nivel autonómico, está incluso impugnado ante el Tribunal Constitucional.
Pero una tasa preventiva sería una cuota profesional, el coste de ‘estar en el negocio’ como pagar las primas de los seguros o mantener los sistemas de información. Porque historias de éxito de hoy pueden convertirse en sonoros escándalos mañana, como aconteció con Lehman Brothers y otros más, y la industria bancaria debe prever esa contingencia.
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