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domingo, 19 de diciembre de 2010

Una Banca alternativa.(El Correo 19.12.10)

Una Banca alternativa.

Manfred Nolte.

Asignar al sector bancario el papel de pulmón de la economía no resulta novedoso. Lo es, sobre todo, debido a sus vitales funciones de asunción y traslación del riesgo desde los depositantes hasta los inversores a través de un elemental sistema de intermediación.

Hasta no hace mucho tiempo el cliente que solicitaba un préstamo a su caja o banco local se sometía a un riguroso examen formulado por un empleado instruido que terminaba invariablemente en la pregunta crucial: ¿Cómo piensa Vd. devolver el dinero?

Este procedimiento aparentemente autoritario y abusivo gozaba de un atributo vital para la salud del sistema: la entidad financiera asumía plenamente la relación crediticia respecto del cliente prestatario. Aun hoy en día esta práctica se realiza por las más tradicionales de nuestras instituciones, que casualmente han resultado ser las más solventes.

Esta fórmula simple, aburrida y eficiente, aplaudida durante décadas por su consistente respaldo a la economía real, ha dado paso a otra más compleja – en particular en los Estados Unidos de América, - donde las pretendidas innovaciones financieras han creado productos de altísimo riesgo, dudosa comprensión y escaso o nulo valor social que han dado al traste con el sector no sin arrastrar en su caída al conjunto de la Economía real.

La paciente tarea de la intermediación cede el paso sucesivamente a la ciencia del ‘retail banking’ con sus políticas de venta cruzada, en las que el objetivo radica en que el cliente adquiera el mayor número posible de productos y servicios de la entidad, fomentando su vinculación y creando sinergias de escala. El ‘credit scoring’ hace desaparecer el rostro del cliente hasta el momento de la entrada en escena de la técnica de la desintermediación en la que las entidades venden grandes parcelas de su balance a terceros. Empaquetar para vender: he ahí la esencia de la titulación. Qué producto se venda, de qué fiabilidad y garantía para su adquirente es harina de otro costal. Tal fórmula viciada en su esencia operativa- la desaparición del nexo entre acreedor y deudor- no podía sino conducir al fracaso, como efectivamente ha sucedido.

Si hubiese subsistido la relación tradicional deudor-acreedor, y el banco hubiese tenido siquiera un vago interés por cómo procedería el deudor a la devolución del préstamo, y –sobre todo- si el banco hubiese conservado efectivamente en sus libros el préstamo hasta su vencimiento, todo habría sido diferente. Nada de esto tuvo lugar porque el banco había abdicado de su responsabilidad, rompiendo la relación de acreedor con su cliente prestatario. Como consecuencia de lo cual la economía se halla sobreendeudada, y simultáneamente, al aumentar las tasas de morosidad y disminuir el valor de los activos subyacentes, el sistema financiero – a pesar de los rescates públicos habidos- atraviesa una situación más que apurada.

Puesto que un gran colectivo de bancos ha abandonado su rol básico de proteger a los mercados del riesgo de crédito y dado que este tipo de riesgo ha crecido exponencialmente en los últimos 10 años hasta el punto de amenazar a la economía real, habrá que cuestionarse seriamente por qué esta clase de entidades merece mantener posiciones de privilegio, en particular en lo que respeta a los rescates automáticos de los gobiernos siempre con cargo a los fondos del contribuyente y también al recurso prácticamente ilimitado al crédito institucional, que a la postre revierten escasa o nulamente a favor de la economía productiva.

Procede, en consecuencia, repensar seriamente la viabilidad de los bancos globales alejados de la forma de banca personalizada y tradicional a la que venimos aludiendo. Las iniciativas en curso sobre los llamados ‘esquemas de resolución” que permitan la quiebra ordenada de estas firmas sistémicas sin que generen efectos colaterales nocivos también son dignos de citarse. A ello ayudaría no poco la introducción de un esquema global de tasas bancarias como los que entrarán en vigor en Alemania y Reino Unido a partir de enero de 2011.

Por mucho que, por el momento, este y otros temas relacionados con la gran Banca constituyan un auténtico tabú, hay un hecho evidente: la prevención de futuras crisis pasa por algo sustantivamente distinto del reforzamiento de la capitalización bancaria, tal y como viene impuesto por Basilea III.

El capitalismo de mercado, cualquiera que sea la forma que adopte en su evolución futura, no puede sobrevivir con un sistema bancario global tal y como se halla diseñado en la actualidad.

El retorno a la banca tradicional se constituye en un imperativo, que extrañamente los administradores de nuestra economía, los poderes gubernamentales, no parecen reconocer, ignorando los peligros que tal régimen representa para la refundación de nuestra prosperidad.

domingo, 5 de diciembre de 2010

¿Acoso o huida?(El Correo,05.12.10)

¿Acoso o huida?

Manfred Nolte

El repudio sufrido por la deuda pública española en los mercados internacionales, medido por el margen de interés respecto del ‘bund’ alemán y por el coste de los seguros de impago, ha acrecentado el temor a un rescate comunitario de proporciones y consecuencias imprevisibles. La mayor caída diaria, desde la introducción del euro, en el precio de los bonos a diez años se producía a principios de semana, disparando su prima de riesgo a máximos históricos, alcanzando los 311 puntos básicos, por 360 los seguros de impago.

En tales circunstancias la tozuda versión oficial alude a un ataque especulativo sobre nuestra economía, inmerecido en todo caso –nosotros no somos Grecia ni Irlanda- , recordando la consistencia de nuestros ‘fundamentales’ y el tonelaje subyacente a nuestro tejido productivo, el correspondiente a la décima potencia industrial del planeta , el buen ritmo desarrollado por el programa de austeridad en marcha, la incipiente recuperación de los ingresos fiscales, la presión ejercida sobre el subsector de cajas para su consolidación definitiva y las acciones en curso para la reforma laboral, de las pensiones y otras.

La magnitud del incendio aumentó con el anuncio de la llamada ‘opción Abu Dabi’ –que finalmente se hará ‘caso por caso’- y que implicará a los inversores privados en el eventual rescate de las economías del área euro a partir de 2013 y con las inesperadas declaraciones del Comisario Almunia primero y de la Comisión Europea después ,augurando esta última el fracaso en la reducción del agujero presupuestario español al 6% en 2011.

Pero el desconcierto reinante debe reconducirse a realidades llanas. Los héroes de nuestro estamento político luchan contra fantasmas, improvisando discursos tan vagos como inútiles. La tesis de la conspiración especulativa, como tratamos de mostrar, se sostiene con dificultad.

Repasemos hechos objetivos.

Primero: si bien es cierto que España aprueba el examen de la deuda total en porcentaje del PIB, superando incluso a Alemania, y su déficit no resulta descabellado, encabeza las listas de paro de la UE. Adicionalmente necesita refinanciar, solamente en 2011, 252.000 millones de deuda exterior -134.000 el Tesoro, y el resto entre la Banca española y las empresas del Ibex- mas el monto del déficit del ejercicio.

Segundo:¿Cuáles son las pérdidas de Bancos y Cajas derivadas del estallido de la burbuja inmobiliaria? El conjunto de crédito a promotores, constructoras y compradores roza el billón de euros, cifra similar a la del PIB español. Fuentes solventes apuntan a una posición dudosa del orden de 180.000 millones de euros, nueve veces el beneficio estimado para 2010 del conjunto de entidades financieras. No menos del 25% de dicha cifra se reputa irrecuperable lo que remite a 46.000 millones en capital adicional para afrontar las pérdidas del sector.

Tercero: España ha ido acumulando un déficit de competitividad cuyo origen se encuentra en un aumento diferencial de precios y costes respecto de nuestros socios de la UE y que en ausencia de ajustes en el tipo de cambio nominal –quemamos las naves al adoptar el euro- supone una sobrevaloración de nuestro tipo de cambio real. Ello lastra seriamente nuestra capacidad de crecimiento.

Todo ello habilita comprensiblemente un escenario de desconfianza. Los inversores dudan de la solvencia de España y en consecuencia optan por no adquirir su deuda soberana. Paralelamente, anteriores compradores deciden venderla antes de que sea demasiado tarde o protegerse comprando cobertura.

Hasta aquí resulta incuestionable que los mercados no atacan a la deuda española ni a su economía. Antes bien huyen de ella por causas tan objetivas como evidentes. Tampoco se advierte especulación alguna, sino la legitima protección de los intereses propios.

Otra cosa es que, desde aguas cenagosas, surjan invariablemente las ratas de cloaca –honorables firmas financieras de reputación internacional-adoptando posiciones cortas sobre el país, comprando cobertura sin subyacente de la deuda soberana y vendiendo futuros de esos mismos bonos, en una apuesta –no sin alto riesgo- por un beneficio fugaz.

Es aquí donde el BCE debe actuar de cortafuegos –como parece será el caso- adoptando drásticas medidas contraespeculativas. Acciones ‘menos convencionales’ –como la monetización de la deuda- unidas al refuerzo de las líneas de liquidez, ya utilizadas por la FED de forma generalizada y que Trichet debe emular. De esta manera se reforzará el euro, se relajarán los tipos de los bonos, y finalmente se estabilizarán los mercados. Un tímido debut hacia la futura gobernanza europea.

Pero ello no debe volvernos ciegos para con nuestros gravísimos problemas, cuya resolución pasa lamentablemente por una devaluación interna del país, un ajuste presupuestario flanqueado de importantes reformas económicas, que deberán ejecutarse atendiendo a estrictos principios de justicia y de solidaridad.

domingo, 21 de noviembre de 2010

G20 y nueva Gobernanza mundial.(El Correo 21.11.10)

G20 y nueva Gobernanza mundial.

Manfred Nolte

Rara vez las cumbres son escenario de algún hito memorable.

La conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno del G20 celebrada la semana pasada en la capital coreana no pasará a la historia por el calado de sus consensos. Mas bien, la deprimente impresión que ha dejado traslucir es la de un encuentro entre políticos del máximo rango donde las palabras huecas, los gestos sonrientes y los apretones de manos han concluido en el inveterado pelotazo hacia delante.

Tras Toronto, la ciudad que testificó la rendición incondicional de las políticas de estimulo frente a las de austeridad, el G20 no está en sus horas mas afortunadas. Al espíritu de unidad forjado tras las declaraciones de Washington y Londres ha sucedido el de recelo y las divisiones políticas han sustituido a las iniciativas concertadas. “La de Seúl es la primera cumbre de la segunda etapa del G20”, ha aventurado Dominique Strauss Kahn.

La ”Declaración de los líderes de la Cumbre de Seúl”, nos advierte que “debemos permanecer vigilantes” y que “los riesgos persisten”. Sin embargo la ausencia de acuerdo en los grandes temas se ha constituido en su gran protagonista.

El contencioso surgido en torno a la ‘guerra de las divisas’, que se encuentra aún en sus prolegómenos, ha supuesto un claro varapalo para el gigante americano, algo impensable tan solo cinco años atrás. China ha resistido las exigencias de Washington para que aprecie el tipo de cambio del yuan y ha encontrado unos aliados inesperados en Alemania y Brasil para criticar el plan federal de relajación monetaria inyectando miles de millones de dólares en su economía. Ninguna alusión escrita a cualquiera de los dos sucesos, mientras se proclama la importancia del “reequilibrio” de la economía global, la “coordinación” de las políticas y la abstención de utilizar “devaluaciones competitivas”. Aunque China y Estados Unidos son los ‘grandes jugadores’ del litigio de las divisas, otras naciones harán igualmente lo posible para reducir el valor de sus monedas, estimular sus exportaciones y crear más empleos, lo que se torna en la crónica anunciada de un conflicto mayor.

Los líderes del G20 han rechazado igualmente la propuesta americana para establecer límites a los déficits y superávits comerciales, haciendo un llamamiento a unas vagas directrices no siempre inteligibles. Gran parte de las economías emergentes dinámicas, que crecen a ritmos superiores al 6% atraen capitales masivos que inciden en una apreciación indeseada de sus monedas y de su relación de intercambio. Como reacción, algunos países están imponiendo diversas formas de controles de capital que pueden desatar una reacción en cascada de proteccionismo, abortando otras iniciativas convenidas, como la de la culminación de la ‘Ronda Doha’.

Seúl ha ratificado gran parte de las propuestas del Consejo de Estabilidad Financiera y del FMI para la reforma del sistema financiero, en particular los acuerdos de Basilea III con un plazo de adaptación hasta 2019. Sorprende, con todo, que el club de los selectos se conceda 6 años más para la reconstrucción de su tejido bancario que para la reducción de los déficits presupuestarios. Se desconoce la definición de ‘entidad sistémica’, su enumeración y los requisitos de capital y funcionamiento que habrán de cumplir, extremos todos que registran un apreciable retraso respecto de las fechas inicialmente planificadas para su implementación.

En cuanto a las políticas de desarrollo del sur, el G20 ha formulado un ambicioso plan reemplazando los rutinarios postulados liberales por otros más orientados al crecimiento, a la movilización del ahorro interno y a la creación de infraestructuras en los países menos favorecidos. Excelente iniciativa. Pero ,por el contrario, ni una referencia a la eliminación de aranceles o cuotas ni al acceso a los mercados occidentales por parte de los países necesitados, algo que estaba previsto en el borrador oficial. Y, sorprendentemente, ni rastro de la tasa sobre las transacciones financieras u otros impuestos globales alternativos sobre los que se había solicitado dictamen al FMI y que resultan claves para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio o para combatir el cambio climático.

El desplazamiento del centro de gravedad político y económico hacia los países emergentes dinámicos reabre el debate sobre la armonización y el equilibrio planetarios.

El mundo padece la ausencia de un líder económico global capaz de desempeñar los roles identificados por Charles Kindleberger. Por razones obvias Estados Unidos no puede representar ese papel y no existe una alternativa evidente. Por eso la coordinación es tan crítica en estos momentos para el capitalismo internacional. Una coordinación sustentada en una nueva Gobernanza que no parece pivotar en el G20 y que no se acaba de atisbar.

domingo, 7 de noviembre de 2010

G20:¿Hacia una nueva 'lex bancaria'? (El Correo 07.11.10)

G20: ¿Hacia una nueva ‘lex bancaria’?

Manfred Nolte

Entre los candentes temas incluidos en la próxima agenda del G20 en Seúl, dos se refieren a la profesión bancaria. Ambos, y sus correspondientes líneas de acción, aspiran a estabilizar primero y prevenir después los fracasos corporativos o sistémicos del sector.

La actualidad del asunto se redobla cuando voces de las más altas instancias internacionales, desde la FED estadounidense al Banco Central Europeo, la Unión Europea o el FMI , coinciden en alertar que la crisis instalada en esta cardinal parcela de la economía dista mucho de estar superada.

Como es sabido, las propuestas giran en torno a una más severa regulación de la capitalización de las entidades y/o a su sometimiento a nuevas figuras fiscales.

En relación a la regulación prudencial, en setiembre de 2010, el ‘Comité de Supervisión bancaria de Basilea’ presentó un cuerpo de nuevas reglas proponiendo definiciones estrictas del capital de los bancos, la introducción de un ratio de apalancamiento y provisiones que actuasen de amortiguadores anticíclicos. El proyecto, de ser asumido, se implementará gradualmente a lo largo de seis años a partir de enero de 2013. Las recomendaciones del ‘Comité de Supervisión’ se trasladarán al pleno del G20 en Seúl junto a otras del ‘Consejo de Estabilidad Financiera’ acerca de las ‘Instituciones Financieras de relevancia sistémica’.

En lo que se refiere a nuevos impuestos, su mentor es el FMI quien sugiere varias alternativas de gravar al sistema financiero para que ‘contribuya justamente a la resolución de la crisis’, bien en forma de una tasa sobre el valor añadido generado por la industria, sobre sus pasivos bancarios velando por la correcta y congruente financiación del balance o incluso sobre el granel de sus transacciones financieras.

Lo anterior representaría el colofón exitoso de una reforma perseguida por la comunidad de países durante los últimos dos años, si no fuera porque tras ella se oculta la trampa de unas medidas procíclicas, esto es, que contribuyen a reforzar la perniciosa inercia de la coyuntura. En efecto: el Comité de Basilea fija los requerimientos de capital como un cociente entre capital y activos, posibilitando a los bancos la opción de incrementar dicho cociente no mediante la inyección de nuevo capital sino reduciendo su cartera de créditos y disminuyendo sus cifra de balance. Pero actuando así, son consumidores y empresas quienes corren con el coste de las reformas planteadas.

Prominentes ejecutivos bancarios han asignado a ‘Basilea III’ un efecto debilitador de la frágil recuperación económica. El ‘Lobby’ del sector, el ‘Instituto de Finanzas Internacionales’ ha aventurado que la nueva normativa podría reducir el crecimiento del PIB del G3 en tres puntos porcentuales. Y uno de sus más firmes detractores, el gobernador del Banco de Canadá, Mark Carney, ha cifrado en 13 billones de dólares el impacto de las medidas en la economías del G20.

Lamentablemente, cuantificaciones aparte, no solo cabe dar la razón a la representación sectorial en lo que hace a los nocivos efectos secundarios de las iniciativas propuestas sino que además resulta más que cuestionable que Basilea III sea capaz de prevenir una nueva crisis financiera.

Al margen de que las reglas ignoran las diferentes características y necesidades de la actividad bancaria en los países menos desarrollados, el planteamiento de base resulta asombrosamente simplista: elaborar mecanismos de resolución exigiendo a los gestores crear las correspondientes reservas microprudenciales para responder ante terceros en caso de siniestro, sin entrar en el tema de fondo de una acción normativa que prevenga del peligro potencial que determinadas operativas erróneas o aun fraudulentas puede acarrear a la propia entidad y a su radio de alcance sistémico.

De forma tímida, la ley Dodd-Frank, y en particular la llamada ‘regla Volcker’ han apuntado en la dirección acertada. La norma americana, limita en las entidades bancarias ‘comerciales’ determinadas prácticas como, por ejemplo, la negociación de divisas y otros activos a muy corto plazo (‘proprietary Trading’), así como la gestión de ‘hedge funds’ especulativos o la actividad de capital riesgo. Aparcando estos productos de escasa o nula utilidad social cabría liberar recursos de capitalización que redunden en mayores flujos de crédito en beneficio de la economía real.

Lo deseable y urgente sería, en consecuencia, que el G20 variase el rumbo hacia la definición de una nueva ´lex bancaria’ global. Una, en la que la supervisión normativa prime sobre una mera regulación aritmética, en aras de unas finanzas concebidas al servicio de la economía productiva.

La configuración actual de amplios segmentos de la Banca universal contiene tales ingredientes de disfuncionalidad, ineficiencia y riesgo, que los líderes del planeta harían bien en promover este tipo de alternativas.

domingo, 24 de octubre de 2010

La nueva normalidad. (El Correo 24.10.10)

La nueva normalidad.

Manfred Nolte

Advertía Carl Jung, el insigne psiquiatra y ensayista suizo que “abordamos de forma desprevenida las sucesivas etapas de la vida. Más aun: pensamos que las verdades que nos han servido hasta el momento seguirán sirviéndonos siempre. Pero lo que era verdadero por la mañana, por la tarde se habrá convertido en mentira.”

Y es que en cada hombre se halla un epígono que sigue las huellas de otro, o de una escuela o estilo de una generación anterior. Aunque los ciclos sean benignos, el espejismo dominante evita reconocer la limitada efectividad de una respuesta que aboga por hacer más de lo mismo para hacer frente a las mutaciones de la coyuntura. Al resetear el modelo, lo que tenemos delante es invariablemente diferente de lo previo.

El conductismo económico detalla las razones por las cuales las personas y las instituciones se tornan rehenes de una inercia activa. Tiene que ver con aspectos tales como marcos mentales inapropiados y un sobredimensionamiento innato de lo que constituye en cada agente económico su ‘zona de confort’. Esta zona repele la novedad y con ella el cambio, por el riesgo que implícitamente acarrea. Solo se añora el ‘Business as usual’: lo de siempre.

El mundo encara en la actualidad un complejo proceso de recuperación económica.

La gran crisis fue un producto larvado muchos años atrás en los acusados desequilibrios globales que crearon la base de un marco de liquidez sin coto para los países centrales.

A partir de ahí el triste mérito recae en el sector bancario, con unos registros insólitos en el apalancamiento de sus balances, en un escenario de distribución frenética de productos ponzoñosos mal entendidos por sus compradores, con marcos prudenciales insuficientes, negligentemente supervisados por las autoridades de tutela y calificados a su libre arbitrio por el perenne e inaudito monopolio de las agencias de ‘rating’.

El ‘frenazo en seco’ producido hace dos años en la actividad financiera fulminó el crédito y de rechazo a la economía real, con las secuelas que hoy padecemos de bajo o nulo crecimiento, alto desempleo, y un cuestionamiento del estado del bienestar que amenaza seriamente a las redes protectoras sociales. La novedad reside en que el médico se contagia y los Bancos centrales corren el peligro de verse afectados por la toxicidad de la operativa en la que intervienen. Los inversores abjuran del riesgo público y los Estados entran en barrena fiscal.

Estas fragilidades se muestran también a nivel de gobernanza. La clave mancomunada del éxito del rescate, fijada en Londres 2009, registra una senda de claros retrocesos. A aquella cerrada respuesta global están sucediendo crecientes fricciones proteccionistas como la guerra de las divisas o debates simplistas entre políticas de estímulo o frugalidad.

Las expectativas precisan de un cambio para evaluar el potencial del paradigma en transición. La clase política parece no advertir que el declive que atravesamos es fundamentalmente diferente de las recesiones de décadas anteriores. No consiste en otro giro del ciclo de negocios sino en una reestructuración del orden económico.

La nueva normalidad, que convivirá durante años con niveles de crecimiento modestos, y altas tasas de desempleo, anticipa alguno de sus rasgos.

Por ejemplo, un rol creciente del estado con reestructuraciones regulatorias problemáticas y ello no solamente, aunque si de forma incisiva, en el sector financiero, lo que combinado al desapalancamiento progresivo y a la mayor exigencia en la asunción del riesgo de este último, alentará un retorno al viejo estilo de una mayor capitalización de las empresas. Tal vez, con liderazgo suficiente, se acometa de una vez por todas la transformación radical de las estructuras bancarias reconduciéndolas al solo objetivo de explotar productos de probada utilidad social.

Descartado el consumo como motor del crecimiento mundial, asistiremos a una economía desacoplada donde la riqueza y la producción migrarán hacia el hemisferio emergente. Acogerá, con recursos más escasos, una sociedad crecientemente longeva. Y se enfrentará al coste de la reversión del cambio climático no exento de prolongados sacrificios.

El nuevo paradigma muda las tendencias de la etapa anterior: de la globalización, la desregulación y el apalancamiento al desapalancamiento, la desglobalización y la re-regulación.

Los historiadores del futuro narrarán con admiración como se gestionó de forma concertada la enérgica recuperación financiera de la gran crisis del milenio, que evitó el colapso del sistema.

Pero probablemente sean mucho menos generosos al evaluar la miopía mostrada por los gobernantes frente a los cambios mentales requeridos para asumir y consolidar la nueva normalidad económica.

Habiendo ganado la guerra, -consignarán- las sociedades industriales estuvieron a punto de perder la paz.

domingo, 10 de octubre de 2010

Una tasa solidaria global. (El Correo 10.10.10)

Una tasa solidaria global.

Manfred Nolte

El Banco de Pagos Internacionales (BIS), una organización gubernamental que congrega a 56 de los principales bancos centrales del planeta y cuya misión consiste en fomentar la cooperación financiera internacional y ayudar a que la política monetaria sea un ejercicio mas predictible y transparente, acaba de publicar un esperado documento que a su propia actualidad añade y acaso redobla la de un controvertido tema de debate político: un impuesto sobre las transacciones en divisas con vocación de tasa solidaria global.

Según señala el ‘Octavo Informe trienal de Bancos Centrales sobre la actividad en los mercados de divisas y en los mercados de derivados no organizados’, en abril de 2010 la cifra de negocio de los mercados de divisas globales creció un 20% en relación a 2007 con un movimiento promedio diario de 4 billones de dólares comparado con los 3,3 billones de 2007. La actividad en los derivados elegibles negociados en mercados no organizados creció en un 24%, con un movimiento promedio diario de 2,1billones de dólares a abril de 2010.

Para poner en contexto estas cifras debemos recordar que el Producto mundial en 2009 rondaba los 58 billones de dólares, el equivalente a 9,5 días de compraventas en moneda extranjera. En 1992 las operaciones en divisas representaban aproximadamente 8 veces el total de la producción mundial. En 2007 su número aumentó hasta 14 veces. La proyección de 2010 apunta a un factor de multiplicación de 38.

Por otra parte, en 1973, se estimaba que el 80% de los movimientos en divisas tenían una finalidad comercial, mientras que en la actualidad se estima que dicho porcentaje corresponde a operaciones de ‘trading’ a corto plazo, esto es, aquellas realizadas por entidades bancarias entre sí, un juego de suma cero para la economía en su conjunto y que guardan escasa relación con la lubricación de la actividad real.

Lo anterior viene a cuento de la tan traída y llevada propuesta de gravar las transacciones en divisas cuya ejecución es monopolio mundial de las entidades financieras, y contribuir con ello al doble dividendo de recaudar fondos con destino al desarrollo de los países mas vulnerables o ,alternativamente, para refinanciar el rescate del sector financiero o aun para crear fondos de resolución para prevenir futuras crisis del sector, y penalizar accesoriamente, aunque sea de forma simbólica, una actividad en gran medida carente de valor o utilidad social.

El gravamen descrito tiene poco de innovador. Existe una larga relación de economistas respetados, desde Keynes y Tobin, hasta los Nobel Stiglitz y Krugman, pasando por Lawrence Summers, John Williamson y Barry Eichengreen, por citar algunos mas conocidos, que han defendido los impuestos financieros.

En décadas pasadas la bandera de la ‘tasa Tobin’ era patrimonio de los movimientos antiglobalización. Pero en los últimos tiempos ha sido secundada por la canciller Merkel y el también canciller austriaco Fayman, Peer Steinbrück, Gordon Brown, Christine Lagarde, grupos significativos de la Comisión europea y días atrás, en Nueva York, por Zapatero y Sarkozy, aunque estos últimos respaldos hagan mas daño que favor a la imagen del utópico proyecto originario.

Pese a que el tema no pueda zanjarse en un puñado de líneas, las cifras recién volcadas por el BIS gozan de una elocuencia envidiable: en abril de 2010, el volumen promedio diario global de las transacciones en divisas, en sus principales mercados e instrumentos, ascendía a 6,1 billones de dólares.

Esta cifra constituiría la base de un nuevo impuesto. Para un tipo simbólico del 0,005%,- cinco céntimos por cada 1000 euros- la cuota anual resultaría en 76.000 millones de dólares USA, más de lo teóricamente marcado para la provisión anual a los Objetivos de Desarrollo del Milenio y una cifra no muy distante de la de la ayuda al desarrollo concedida al Sur por la OCDE.

En este algoritmo elemental, el multiplicando es la base imponible de las transacciones y el multiplicador el insignificante tipo impositivo aplicado. Frente a enfoques fiscales miopes que adscriben invariablemente el incremento de la recaudación a la elevación de los tipos, una microtasa transaccional como la descrita desborda todos los cánones recaudatorios sin introducir alteraciones perceptibles en el sistema.

Para alivio de las patronales bancarias el tributo tiene escasas probabilidades de prosperar. A nivel europeo ,donde su aprobación requeriría una decisión unánime, es fuertemente contestada por el Reino Unido y Suecia. A nivel mundial cuenta con el repudio frontal de países como Canadá, Estados Unidos o Japón.

Es uno de los espejismos dominantes: la solidaridad es un lujo para tiempos de bonanza o una limosna cuando las arcas están a rebosar.

domingo, 26 de septiembre de 2010

Milenio, síntomas y causas. (El Correo 26.09.10)

Milenio, síntomas y causas.

Manfred Nolte 


Acaba de concluir en Nueva York la cumbre de Naciones Unidas para el seguimiento de los 'Objetivos de Desarrollo del Milenio' (ODM), una solemne campaña lanzada en 2000 cuando los líderes mundiales se comprometieron a trabajar solidariamente para liberar a la humanidad de «las condiciones abyectas y deshumanizadoras de la pobreza extrema», en el horizonte de 2015. 


La gran crisis occidental que ha extendido su influencia a los confines más degradados del planeta no ha hecho sino retrasar el progreso hacia los ODM. Según datos del Banco Mundial, no solo se ha ampliado la bolsa de miseria en 100 millones de personas, sino que 71 millones más que hubieran escapado de su trampa para 2020 al ritmo de crecimiento previo a la crisis, dejarán de hacerlo.

La cumbre ha repetido los argumentos y lugares comunes. La declaración final refleja un cansino compromiso y una fe consensuada en diagnósticos y terapias que lamentablemente siguen haciendo hincapié más en los síntomas que en las raíces del problema: vuelcan sumas considerables de dinero en iniciativas a veces utópicas o de escaso rendimiento cuando deberían empeñarse en remover los verdaderos obstáculos al desarrollo que tienen la capacidad de encarar. Se insiste en acometer acciones para aliviar o condonar la deuda de los países más menesterosos y en el cumplimiento por parte del G-8 de los compromisos parcialmente olvidados. Ello, es verdad, puede ayudar a abordar la financiación de las masivas necesidades de infraestructura y las que suponen una respuesta al cambio climático de cuyos efectos los países más pobres son los mayores afectados. 
Pero la ayuda queda relegada a un segundo término frente a otras medidas imperiosas detrás de las cuales se sitúa el postulado de que no hay escape de la pobreza sin un crecimiento económico sólido, sostenible y equilibrado. 



Una campaña de ODM con posibilidades de éxito arranca del reconocimiento de los derechos humanos como elemento esencial. Los derechos humanos no son solo símbolos, sino también herramientas. Son valiosos porque deben ser operativos. Los mil millones de personas hambrientas del planeta no merecen caridad: poseen derecho a alimentos adecuados y el poder tiene la obligación de proveerlos derivada de las leyes internacionales. Los gobiernos que profesen un deseo serio de progresar en los objetivos del desarrollo deben adoptar los correspondientes marcos legales para la realización de los derechos económicos y sociales básicos: alimento, salud, educación.

Todas las revoluciones democráticas arrancan con los derechos humanos. La cumbre de los ODM ha perdido la oportunidad de iniciar esta senda ineludible. Más allá de este enunciado general, está en manos de Occidente una triple acción expansiva del desarrollo del sur que tan solo debemos recordar. En primer lugar, la acción colectiva de los países ricos y de los emergentes dinámicos en la utilización congruente de los desequilibrios entre deficitarios y superavitarios. Estos últimos deberían estimular la demanda doméstica que redunde en un aumento de las exportaciones de los primeros y, de rebote, del resto de países del Sur. Al mismo tiempo, el restablecimiento de la salud del sector financiero sigue siendo un prerrequisito para la estabilización del crecimiento global. 



En segundo lugar, liberalizando el comercio y desmantelando las barreras que obstaculizan las exportaciones de los países pobres. Una conclusión beligerante de las 'Rondas de Doha' sería muy deseable, pero no hay razón para que bloques como EE UU o la UE no otorguen el acceso libre de aranceles y de cuotas a los países más desasistidos desbloqueando los mercados agrícolas globales. 



En tercer lugar, la decisiva contribución occidental a la 'creación estatal' en los países en desarrollo que permita la creación de un sistema fiscal incipiente, la generación de recursos públicos y la consolidación inducida de las siempre frágiles democracias, superando localismos y fragmentaciones. Este objetivo será inalcanzable mientras persistan los paraísos fiscales al amparo del poder de los grandes intereses del Norte. Poniendo fin a la práctica letal para las arcas del Sur de los 'precios de transferencia' de las empresas transnacionales y a la espectacular sangría de los fondos de corrupción que encuentran cobijo en estos centros opacos, se revertirían al Sur múltiplos espectaculares de las cifras de ayuda oficial al desarrollo. 



Lula da Silva define al hambre como «arma moderna de destrucción masiva», pero ya se sabe que el tráfico de armas sigue siendo cínicamente tolerado.

domingo, 12 de septiembre de 2010

Una contribución justa. (El Correo 12.09.10)

Una contribución justa.

Manfred Nolte

Algo gordo se cuece en la trastienda global cuando los lideres del G20 instruyen al FMI para que informe de “las opciones del sector financiero para realizar una contribución justa y sustancial a las cargas asociadas con las intervenciones gubernamentales para reparar el sistema bancario”, lo que anticipa nuevos impuestos para la profesión.

Ante esta amenaza se pone por los sujetos pasivos y sus patronales el preceptivo grito en el cielo, sintiéndose blanco de una demonización injustificable que ,de no corregirse, empujará irremediablemente a la economía real hacia nuevos periodos de abstinencia crediticia y con ello a perpetuar el estado reinante de paro y recesión.

No hay duda. La crisis global ha vuelto a situar a la fiscalidad en el centro de la agenda política. Los gobiernos que arrostran déficits masivos y deudas publicas gigantescas están a la caza y captura de nuevas fuentes de financiación. Tampoco son insensibles a las críticas sociales que reclaman que el sector financiero pague por sus excesos.

Según datos oficiales del FMI, el coste fiscal neto del rescate bancario en los países del G20 ha supuesto de media el 2,8% de su Producto Nacional. En los más afectados, el valor a fondo perdido representa del 4 al 6% del Producto. Los compromisos, incluyendo garantías y otras obligaciones contingentes han promediado el 25% del Producto durante la crisis. Adicionalmente, y como reflejo inducido de la recesión vigente, la deuda pública en los países desarrollados del G20 proyecta un incremento de 40 puntos porcentuales de PIB en el periodo 2008-2015.

Orillando, en consecuencia, cualquier tentación de desquite respecto de un sector que en grandes líneas y en amplias áreas geográficas no ha estado a la altura de su responsabilidad cardinal dentro de la economía, resulta obvio que los gobiernos, en el ejercicio de su obligación, traten de actuar en un doble frente: en el de la recuperación de lo debido en una primera instancia, y en el de la acción cautelar o preventiva después.

En su reciente respuesta al G20, el FMI, sugiere una carga ‘retroactiva’, aplicada sobre balances históricos aun cuando sirva para reducir y encarar los costes de futuros siniestros.

El informe examina varias formas de actuación fiscal frente al sector financiero, atendiendo a distintos propósitos.

La primera, denominada ‘Contribución para la estabilidad financiera’ está ligada a mecanismos de ‘resolución’ creíbles y efectivos. Un impuesto para financiar rescates futuros pagadero por todas las instituciones financieras a un tipo ajustado que refleje los niveles de riesgo individuales y sus contribuciones al riesgo sistémico, generalmente sobre los pasivos del balance.

‘Resolución’ significa, llegado el caso extremo, aparcar a los accionistas, reemplazar a los gestores y confirmar las perdidas de los acreedores no asegurados. Muchos países carecen de un mecanismo similar para reducir la incertidumbre ante los acreedores, liquidar con rapidez las deudas protegidas y descartar cualquier reducto de ‘riesgo moral’. Ninguna entidad sería demasiado grande para quebrar, pero ello requiere ir asignando una amplia dotación dineraria que haría innecesaria la intervención del estado.

Otra línea de contribución propuesta se abriría a través de una ‘Tasa sobre las actividades financieras’ –en inglés ‘FAT’- girada sobre la suma de beneficios y remuneraciones de las instituciones financieras. Ambos conceptos constituyen el granel del ‘valor añadido’ bancario. Un impuesto de este tipo sería una especie de IVA, en un sector caracterizado por la no sujeción a dicho impuesto.

Considerada en el informe, aunque controvertida, se sitúa una tercera “Tasa sobre las transacciones financieras”, que tiene la peculiaridad de representar la bandera de la sociedad civil en la batalla de la solidaridad con el sur.

Algunos Gobiernos ya han puesto manos a la obra con medidas y alcances desiguales. Suecia se adelantó hace algún tiempo. Reino Unido y Alemania han aprobado sendas propuestas que entrarán en vigor el 1 de enero próximo. Obama ha presentado su ‘Canon de responsabilidad sobre la Crisis Financiera’ que se halla en trámite parlamentario. La Unión Europea lo incluye como punto fijo de su agenda. Francia lo ratificará con los próximos presupuestos.

En España la medida puede no resultar imperiosa. Tenemos el Fondo de Garantía de Depósitos y en principio la restructuración del sector no parece que haya de costar demasiado al contribuyente. Algún antecedente, a nivel autonómico, está incluso impugnado ante el Tribunal Constitucional.

Pero una tasa preventiva sería una cuota profesional, el coste de ‘estar en el negocio’ como pagar las primas de los seguros o mantener los sistemas de información. Porque historias de éxito de hoy pueden convertirse en sonoros escándalos mañana, como aconteció con Lehman Brothers y otros más, y la industria bancaria debe prever esa contingencia.