Precios de transferencia: una permisividad odiosa.
Manfred Nolte
Hasta un 70% del comercio mundial, según estimaciones de la OCDE, se lleva a cabo por las empresas transnacionales(ETN). De este porcentaje una parte significativa –‘operaciones vinculadas’- tiene lugar en el entramado interno de filiales y sucursales establecidos en distintos países por el grupo de matriz común.
Esta realidad ejerce enorme influencia sobre el equilibrio de la fiscalidad global, sobre todo en la recaudación del sur, que ve esfumarse de sus arcas públicas las cuotas devengadas en su territorio por las grandes firmas mundiales, cuya cifra relativa de resultados es maquillada y transferida a otra unidad del grupo ubicada en un centro financiero de baja o nula imposición.
La problemática y notoriedad de los ‘precios de transferencia’ no es exclusiva de los países más desfavorecidos. En 2006 la farmacéutica GlaxoSmithKline zanjaba una larga disputa con las autoridades USA abonando 3100 millones de dólares como sanción a una política de precios distorsionados. La alarma ha aumentado al detallar ‘Bloomberg’, en mayo pasado, que las ETN estadounidenses evitan pagar 60.000 millones de dólares anuales de impuestos utilizando precios de transferencia abusivos.
A principios de 2010, Google dejaba atónitos a ciudadanos franceses y del Reino Unido, al conocerse la noticia de que el mítico buscador evaporaba su carga impositiva en estos dos países transfiriéndola a otro de fiscalidad dulce, en este caso Irlanda, donde la multinacional californiana tiene fijado su domicilio fiscal.
Sin alejarnos de nuestra propia geografía, los medios recogían tiempo atrás el profundo malestar de participes minoritarios de la Acería Compacta de Bizkaia frente a usos análogos del accionista mayoritario Arcelor-Mittal.
Es manifiesto que las transacciones e imputación de gastos dentro de un grupo multinacional no se someten a las mismas reglas de mercado que las que se realizan entre empresas independientes. La matriz puede obligar a su filial a practicar precios artificiales. Adicionalmente aplica una política beligerante de reparto de cargas del grupo. Estas operaciones ‘vinculadas’ desvían el beneficio ‘natural’ generado por cada unidad productiva del grupo, hacia un tercer centro designado por la matriz de la ETN a su conveniencia y elección.
La reacción institucional –OCDE y Unión Europea, entre otras,- es poco incisiva adoptando la forma de recomendaciones no vinculantes, unas “leyes blandas” en forma de principios y normas de buenas prácticas que dan soporte a la normativa de cada país. Ello ha conducido a una multiplicidad de reglamentaciones nacionales sobre los precios de transferencia, una de las objeciones mas habituales invocadas por las ETN. Jurisdicciones fiscales de ámbito autonómico también regulan estas conductas. Es el caso de la norma foral 68/2009 de la Diputación Foral de Bizkaia.
Desde EEUU a China, Sudáfrica o Brasil, las ETN rizan el rizo de la regularidad. Cotizados bufetes de juristas especializados contribuyen eficazmente a guiar los pasos de sus gigantescos clientes sobre el filo de la navaja fiscal.
Entretanto, esta bolsa legal de evasión asfixia irremediablemente la capacidad presupuestaria de los países del sur. Mientras Occidente envía a sus funcionarios a negociar con las ETN y alcanzar acuerdos –largos e insatisfactorios- entre ellas y las haciendas locales, los estados depauperados carecen de sistemas fiscales efectivos, normativas ad hoc, y administraciones o cuerpos técnicos capaces de llevarlos a la práctica.
Las ETN esquilman literalmente a los países más pobres, a los que no solamente no revierten un solo dólar de beneficio sino a los que exigen todo tipo de vacaciones fiscales en una abusiva subasta de condiciones unida a una desastrosa acción sobre el medio ambiente con una utilización precaria de mano de obra y una rácana o nula cesión de tecnología a los cuadros autóctonos.
‘Global Financial Integrity’ (2010) utilizando fuentes de la ‘Fundación Heritage’, ‘PricewaterhouseCoopers LLP’ y Banco Mundial estima la pérdida fiscal de los países en desarrollo derivada de la manipulación de precios en ‘operaciones vinculadas’ en 100.000 millones de dólares anuales entre 2002 y 2006, y ratifica la hipótesis de ‘Christian Aid’ que sitúa hoy la cifra en 160.000 millones de dólares.
Las recetas para superar este ‘mal contable’ prescriben la presentación analítica diferenciada ‘País por País’ de las actividades de las ETN, la transparencia contable, la declaración de ‘beneficiarios legítimos’ de las transacciones con tolerancia cero para las ‘compañías en la sombra’ y vehículos secretos, el asentamiento de una competencia fiscal justa y en última instancia la erradicación de los paraísos fiscales.
La creación de sistemas fiscales sostenibles es clave para el sur, contribuyendo a la ‘creación de estado’ y a una relación de la administración con el administrado afirmando los frágiles vínculos de democracia.
Las ‘operaciones vinculadas’ torpedean vil y legalmente un objetivo tan precario.
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