Milenio, síntomas y causas. (El Correo 26.09.10)

Milenio, síntomas y causas.

Manfred Nolte 


Acaba de concluir en Nueva York la cumbre de Naciones Unidas para el seguimiento de los 'Objetivos de Desarrollo del Milenio' (ODM), una solemne campaña lanzada en 2000 cuando los líderes mundiales se comprometieron a trabajar solidariamente para liberar a la humanidad de «las condiciones abyectas y deshumanizadoras de la pobreza extrema», en el horizonte de 2015. 


La gran crisis occidental que ha extendido su influencia a los confines más degradados del planeta no ha hecho sino retrasar el progreso hacia los ODM. Según datos del Banco Mundial, no solo se ha ampliado la bolsa de miseria en 100 millones de personas, sino que 71 millones más que hubieran escapado de su trampa para 2020 al ritmo de crecimiento previo a la crisis, dejarán de hacerlo.

La cumbre ha repetido los argumentos y lugares comunes. La declaración final refleja un cansino compromiso y una fe consensuada en diagnósticos y terapias que lamentablemente siguen haciendo hincapié más en los síntomas que en las raíces del problema: vuelcan sumas considerables de dinero en iniciativas a veces utópicas o de escaso rendimiento cuando deberían empeñarse en remover los verdaderos obstáculos al desarrollo que tienen la capacidad de encarar. Se insiste en acometer acciones para aliviar o condonar la deuda de los países más menesterosos y en el cumplimiento por parte del G-8 de los compromisos parcialmente olvidados. Ello, es verdad, puede ayudar a abordar la financiación de las masivas necesidades de infraestructura y las que suponen una respuesta al cambio climático de cuyos efectos los países más pobres son los mayores afectados. 
Pero la ayuda queda relegada a un segundo término frente a otras medidas imperiosas detrás de las cuales se sitúa el postulado de que no hay escape de la pobreza sin un crecimiento económico sólido, sostenible y equilibrado. 



Una campaña de ODM con posibilidades de éxito arranca del reconocimiento de los derechos humanos como elemento esencial. Los derechos humanos no son solo símbolos, sino también herramientas. Son valiosos porque deben ser operativos. Los mil millones de personas hambrientas del planeta no merecen caridad: poseen derecho a alimentos adecuados y el poder tiene la obligación de proveerlos derivada de las leyes internacionales. Los gobiernos que profesen un deseo serio de progresar en los objetivos del desarrollo deben adoptar los correspondientes marcos legales para la realización de los derechos económicos y sociales básicos: alimento, salud, educación.

Todas las revoluciones democráticas arrancan con los derechos humanos. La cumbre de los ODM ha perdido la oportunidad de iniciar esta senda ineludible. Más allá de este enunciado general, está en manos de Occidente una triple acción expansiva del desarrollo del sur que tan solo debemos recordar. En primer lugar, la acción colectiva de los países ricos y de los emergentes dinámicos en la utilización congruente de los desequilibrios entre deficitarios y superavitarios. Estos últimos deberían estimular la demanda doméstica que redunde en un aumento de las exportaciones de los primeros y, de rebote, del resto de países del Sur. Al mismo tiempo, el restablecimiento de la salud del sector financiero sigue siendo un prerrequisito para la estabilización del crecimiento global. 



En segundo lugar, liberalizando el comercio y desmantelando las barreras que obstaculizan las exportaciones de los países pobres. Una conclusión beligerante de las 'Rondas de Doha' sería muy deseable, pero no hay razón para que bloques como EE UU o la UE no otorguen el acceso libre de aranceles y de cuotas a los países más desasistidos desbloqueando los mercados agrícolas globales. 



En tercer lugar, la decisiva contribución occidental a la 'creación estatal' en los países en desarrollo que permita la creación de un sistema fiscal incipiente, la generación de recursos públicos y la consolidación inducida de las siempre frágiles democracias, superando localismos y fragmentaciones. Este objetivo será inalcanzable mientras persistan los paraísos fiscales al amparo del poder de los grandes intereses del Norte. Poniendo fin a la práctica letal para las arcas del Sur de los 'precios de transferencia' de las empresas transnacionales y a la espectacular sangría de los fondos de corrupción que encuentran cobijo en estos centros opacos, se revertirían al Sur múltiplos espectaculares de las cifras de ayuda oficial al desarrollo. 



Lula da Silva define al hambre como «arma moderna de destrucción masiva», pero ya se sabe que el tráfico de armas sigue siendo cínicamente tolerado.

Una contribución justa. (El Correo 12.09.10)

Una contribución justa.

Manfred Nolte

Algo gordo se cuece en la trastienda global cuando los lideres del G20 instruyen al FMI para que informe de “las opciones del sector financiero para realizar una contribución justa y sustancial a las cargas asociadas con las intervenciones gubernamentales para reparar el sistema bancario”, lo que anticipa nuevos impuestos para la profesión.

Ante esta amenaza se pone por los sujetos pasivos y sus patronales el preceptivo grito en el cielo, sintiéndose blanco de una demonización injustificable que ,de no corregirse, empujará irremediablemente a la economía real hacia nuevos periodos de abstinencia crediticia y con ello a perpetuar el estado reinante de paro y recesión.

No hay duda. La crisis global ha vuelto a situar a la fiscalidad en el centro de la agenda política. Los gobiernos que arrostran déficits masivos y deudas publicas gigantescas están a la caza y captura de nuevas fuentes de financiación. Tampoco son insensibles a las críticas sociales que reclaman que el sector financiero pague por sus excesos.

Según datos oficiales del FMI, el coste fiscal neto del rescate bancario en los países del G20 ha supuesto de media el 2,8% de su Producto Nacional. En los más afectados, el valor a fondo perdido representa del 4 al 6% del Producto. Los compromisos, incluyendo garantías y otras obligaciones contingentes han promediado el 25% del Producto durante la crisis. Adicionalmente, y como reflejo inducido de la recesión vigente, la deuda pública en los países desarrollados del G20 proyecta un incremento de 40 puntos porcentuales de PIB en el periodo 2008-2015.

Orillando, en consecuencia, cualquier tentación de desquite respecto de un sector que en grandes líneas y en amplias áreas geográficas no ha estado a la altura de su responsabilidad cardinal dentro de la economía, resulta obvio que los gobiernos, en el ejercicio de su obligación, traten de actuar en un doble frente: en el de la recuperación de lo debido en una primera instancia, y en el de la acción cautelar o preventiva después.

En su reciente respuesta al G20, el FMI, sugiere una carga ‘retroactiva’, aplicada sobre balances históricos aun cuando sirva para reducir y encarar los costes de futuros siniestros.

El informe examina varias formas de actuación fiscal frente al sector financiero, atendiendo a distintos propósitos.

La primera, denominada ‘Contribución para la estabilidad financiera’ está ligada a mecanismos de ‘resolución’ creíbles y efectivos. Un impuesto para financiar rescates futuros pagadero por todas las instituciones financieras a un tipo ajustado que refleje los niveles de riesgo individuales y sus contribuciones al riesgo sistémico, generalmente sobre los pasivos del balance.

‘Resolución’ significa, llegado el caso extremo, aparcar a los accionistas, reemplazar a los gestores y confirmar las perdidas de los acreedores no asegurados. Muchos países carecen de un mecanismo similar para reducir la incertidumbre ante los acreedores, liquidar con rapidez las deudas protegidas y descartar cualquier reducto de ‘riesgo moral’. Ninguna entidad sería demasiado grande para quebrar, pero ello requiere ir asignando una amplia dotación dineraria que haría innecesaria la intervención del estado.

Otra línea de contribución propuesta se abriría a través de una ‘Tasa sobre las actividades financieras’ –en inglés ‘FAT’- girada sobre la suma de beneficios y remuneraciones de las instituciones financieras. Ambos conceptos constituyen el granel del ‘valor añadido’ bancario. Un impuesto de este tipo sería una especie de IVA, en un sector caracterizado por la no sujeción a dicho impuesto.

Considerada en el informe, aunque controvertida, se sitúa una tercera “Tasa sobre las transacciones financieras”, que tiene la peculiaridad de representar la bandera de la sociedad civil en la batalla de la solidaridad con el sur.

Algunos Gobiernos ya han puesto manos a la obra con medidas y alcances desiguales. Suecia se adelantó hace algún tiempo. Reino Unido y Alemania han aprobado sendas propuestas que entrarán en vigor el 1 de enero próximo. Obama ha presentado su ‘Canon de responsabilidad sobre la Crisis Financiera’ que se halla en trámite parlamentario. La Unión Europea lo incluye como punto fijo de su agenda. Francia lo ratificará con los próximos presupuestos.

En España la medida puede no resultar imperiosa. Tenemos el Fondo de Garantía de Depósitos y en principio la restructuración del sector no parece que haya de costar demasiado al contribuyente. Algún antecedente, a nivel autonómico, está incluso impugnado ante el Tribunal Constitucional.

Pero una tasa preventiva sería una cuota profesional, el coste de ‘estar en el negocio’ como pagar las primas de los seguros o mantener los sistemas de información. Porque historias de éxito de hoy pueden convertirse en sonoros escándalos mañana, como aconteció con Lehman Brothers y otros más, y la industria bancaria debe prever esa contingencia.